Resumen artículo
En prácticamente todos los países de nuestra área socioeconómica, se observó un incremento importante de los gastos públicos y de las prestaciones en materia de protección y Seguridad Social a partir de 1970. Dentro de estos gastos, son los correspondientes a las transferencias los que han registrado el aumento proporcional más importante. Estas tendencias revelan un esfuerzo por aumentar la escasa capacidad distributiva de los sistemas vigentes de seguridad social y de protección. A pesar de ello cada vez parece más clara la ineptitud de dichos sistemas de protección social para combatir la pobreza. Entre las causas de esta ineficacia se suele aducir el que la lucha contra la pobreza no es la finalidad principal para la que fueron concebidos. Se pensó que serían un último recurso, unas medidas para casos extremos, y se previó su utilización por sólo una pequeña parte de la población. Aunque se han incorporado prestaciones mínimas en los regímenes de seguridad, y se han fijado ingresos mínimos, esto no basta para atender las crecientes necesidades de las poblaciones excluidas en mayor o menor medida del mercado de trabajo. El derecho al disfrute de las prestaciones de seguridad social sigue basándose fundamentalmente en el trabajo; y la asistencia, a pesar de ser universal (cubre a la población sobre una base individual, independientemente de la actividad laboral y las características familiares) ofrece una protección insuficiente, por las módicas cuantías de los subsidios, para los hogares que carecen de otra fuente de ingresos y por tanto dependen exclusivamente de la asistencia para su sustento
Palabras Clave
renta mínima garantizada; estado de bienestar; europa; política social
Referencia normalizada (para citas)
Mínguez Llorente, F. (1989). Renta Mínima Garantizada en los países de la C.E.E.: Fundamentos teóricos y aspectos de su puesta en funcionamiento. Servicios Sociales y Política Social, 15, 14-27
